San Salvador | EFE.-
El expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador Norman Quijano negó este viernes en un interrogatorio ante la Fiscalía los señalamientos de un testigo que lo vincula con la compra de votos en las elecciones presidenciales de 2014 y nexos con pandillas.
«Es una investigación en curso que me ha permitido ratificar que soy inocente, que nunca me he reunido con pandilleros», dijo Quijano, diputado de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), al salir de una sede de la Fiscalía en San Salvador.
Añadió que los fiscales le solicitaron que se «abstenga» de detallar los puntos cuestionados en el interrogatorio.
«No tengo nada que esconder, he hablado con toda claridad», aseguró el excandidato presidencial para los comicios de 2014 en unas breves declaraciones a la prensa.
Un testigo bajo criterio de la oportunidad dijo en un juicio masivo contra miembros de la Mara Salvatrucha (MS13) que Quijano supuestamente negoció un millón de dólares a cambio de votos en la segunda vuelta de los referidos comicios.
El 23 de octubre pasado, el fiscal general, Raúl Melara, sostuvo que el Ministerio Público investigará a «todos» los funcionarios vinculados con negociaciones con las pandillas señalados por «Noé».
Otro de los políticos salvadoreños salpicados por las supuestas negociaciones de dinero a las pandillas es el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, también de Arena y a quien «Noé» atribuyó la entrega de 69.000 dólares en 2015.
Muyshondt, vinculado a los pactos con pandillas desde 2016 por publicaciones periodísticas, dijo recientemente que no entregó dinero a las estructuras criminales y aseguró que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía en las investigaciones.
«Noé» también aseguró que el partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entregó más de 200.000 dólares para que los miembros de las pandillas les dieran sus votos en 2014, cuando ganó su segunda presidencia consecutiva.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a diferentes planes de seguridad de encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos cuatro Gobiernos.
