Tegucigalpa | EFE.-
El relator especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, el peruano Diego García-Sayán, se reunió este lunes en Honduras con Bertha Zúñiga, hija de la líder indígena y ambientalista Berta Cáceres asesinada en marzo de 2016, para conocer los «obstáculos» de la familia en el proceso.
Zúñiga detalló al peruano García-Sayán los «diferentes obstáculos» que la familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) han afrontado para «tener un acceso real a la verdad y la justicia» por el asesinato de la ambientalista.
La hija de la ambientalista y el relator especial dialogaron además sobre «el ocultamiento de información sobre el desarrollo del caso, la expulsión de las víctimas del proceso, la negación del derecho del Copinh a ser parte en el caso, la nula investigación y procesamiento a todos los autores intelectuales del asesinato de nuestra compañera».
Cáceres, ganadora del premio ambiental Goldman, era líder de la comunidad indígena Lenca y una prominente defensora de los derechos humanos, y fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su vivienda por estar en contra de un proyecto hidroeléctrico.
El día del crimen Cáceres tenía como huésped en su casa al ambientalista y defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, quien resultó con una herida de bala en una oreja.
García-Sayán y Zúñiga conversaron también sobre la suspensión del proceso en contra de un ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (Desa) acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, caso por el que siete personas ya han sido condenadas.
El Copinh denunció que el proceso en contra de David Castillo, ex presidente ejecutivo de Desa, fue suspendido a «siete meses de que termine su prisión preventiva debido a que la defensa presentara de manera irregular un peritaje que tenía como objetivo desvincular al (acusado) de este crimen».
Desa impulsaba la construcción en territorio de la etnia Lenca una represa hidroeléctrica a la que se oponía Cáceres por considerar que causaba daños al medioambiente.
Según las autoridades, Castillo fue el encargado de «proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya condenado por el crimen de la ambientalista», un caso que conmocionó al mundo, señala el comunicado.
Castillo fue detenido en marzo de 2018 en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, cuando al parecer pretendía salir del país.
El crimen se consumó pese a que Cáceres contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para protegerla de las constantes amenazas que recibía.
Mariano Díaz y Douglas Bustillo, ambos exoficiales del Ejército de Honduras, y Sergio Ramón Rodríguez, este último ejecutivo de Desa, fueron condenados en noviembre de 2018 por el delito de asesinato.
Se suman a ellos Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte, quienes fueron condenados por los delitos de asesinato, y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido extranjero.
La sentencia que deberán cumplir los siete condenados se conocerá luego de que la Sala Constitucional resuelva dos recursos de amparo presentados por abogados de la familia de la líder indígena, la cual ha denunciado irregularidades en el proceso.
El relator especial concluirá este jueves su visita a Honduras con una rueda de prensa en Tegucigalpa para informar de sus observaciones preliminares, y presentará un informe exhaustivo con sus conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en junio de 2020.
