Termina la etapa de pruebas en el juicio civil contra el expresidente salvadoreño Saca

San Salvador | EFE.-

Una corte civil de El Salvador concluyó este viernes la audiencia preparatoria, equivalente a la etapa de instrucción en una causa penal, contra el expresidente Elías Antonio Saca por el supuesto enriquecimiento ilícito en más de 4 millones de dólares, informó el órgano Judicial.

La fuente señaló que la Cámara de Primera de lo Civil emitirá el próximo 5 de febrero un fallo en el que determinará las pruebas que se admitirán para realizar la audiencia probatoria, fase similar a la de juicio o vista pública en un proceso penal, contra Saca que es procesado junto a su esposa y ex primera dama, Ana Ligia de Saca.

Este proceso civil fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en febrero de 2016 después de que su Sección de Probidad realizó una auditoría de sus bienes y halló 13 irregularidades en las declaraciones patrimoniales.

Saca paga actualmente una pena de 10 años por la malversación de más de 300 millones de dólares, mientras que su esposa enfrentará un juicio penal por su supuesta participación en esta trama de corrupción.

Saca, quien llegó al poder con la ahora opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, de derecha), es el segundo presidente de la historia reciente del país centroamericano en enfrentar un proceso civil.

El primero que vivió esta situación fue su sucesor, Mauricio Funes (2009-2014), del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, de izquierda), quien fue condenado en noviembre de 2017 a devolver 419.145 dólares al Estado aunque el exmandatario actualmente vive en Nicaragua.

Estas causas civiles derivaron en sendos procesos penales, incluido en el que Funes es acusado de desviar y lavar más de 351 millones de dólares del presupuesto del Gobierno.

El Salvador perdió al menos 550,9 millones de dólares, equivalentes al 2,1 % de su Producto Interno Bruto (PIB), entre 1989 y 2014 por la corrupción, principalmente el gasto “secreto” de la Presidencia y obras públicas, según un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

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