Miami | EFE News.-
Una corte en Miami desestimó una demanda presentada por el nieto del dueño de un bien confiscado en Cuba tras la revolución castrista de 1959 contra la multinacional estadounidense Amazon por vender carbón extraído de la mina de esa propiedad, en la antigua provincia de Oriente.
El juez Robert Scola falló en contra de Daniel A. González al considerar que «no alegó lo suficiente» que los demandados usufructuaron «deliberadamente e intencionalmente en la propiedad», según los documentos judiciales a los que tuvo acceso este miércoles Efe.
No obstante el juez ofreció la oportunidad a González de presentar «una queja enmendada» antes del próximo 24 de marzo.
El demandante instauró en 2019 la querella amparado en la Ley Helms-Burton de 1996, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar en cortes del país por bienes expropiados en Cuba tras la revolución de 1959 y que han sido «traficados» por terceros.
Según la demanda, Amazon y la compañía Susshi International Inc. comenzaron a vender carbón producido en las tierras de González, que su abuelo Manuel González Rodríguez compró en 1941, a partir de enero de 2017.
González expone que posee el título de propiedad de 2.000 acres (810 hectáreas) de tierra donde se extrae carbón.
Según la denuncia, «Amazon se benefició y traficó con la propiedad confiscada al vender en su sitio web carbón producido en la propiedad».
Al menos 72 cubano-estadounidenses han presentado una veintena de demandas en cortes de Estados Unidos en busca de indemnizaciones por sus bienes expropiados, entre ellos puertos, aeropuertos y hoteles de cadenas europeas, principalmente españolas.
Según el demandante, hace sesenta años «los soldados comunistas» le dieron a su familia «siete días para abandonar la propiedad solo con sus pertenencias personales».
Al presentar la demanda, González calificó de «irónico» que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, se aproveche de los bienes confiscados en la isla, país del que procede su padrastro, Miguel Bezos, exiliado cubano que dejó su país con 16 años.
A partir de 2019 han sido posibles estas demandas tras la activación del título III de la Ley Helms-Burton, que estuvo en suspenso durante más de 20 años.
Ese título faculta a los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas después del triunfo de la revolución en 1959 a demandar en tribunales de EE.UU. a las empresas que se beneficien de esos activos.
