Los Ángeles | EFE.-
Más de 40 organizaciones proinmigrantes hicieron nuevamente este miércoles un llamado al Gobierno del presidente Joe Biden a poner fin a las expulsiones de solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de Estados Unidos.
La nueva solicitud se da dos meses después de que líderes de 43 organizaciones de derechos humanos y civiles entregaran una carta a la Casa Blanca en la que instaban al Gobierno a tomar medidas inmediatas para poner fin a las «violentas expulsiones» de solicitantes de asilo, después de que se difundieran imágenes en las que agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo hostigaban a migrantes haitianos.
Los defensores también le pidieron nuevamente a la Administración Biden que ponga fin a las expulsiones bajo el Título 42, que permite expulsar a indocumentados que cruzan la frontera por razones de la emergencia sanitaria.
En el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre, se registraron 1.040.220 expulsiones, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Los activistas advierten que la reapertura de las fronteras terrestres para los viajes no esenciales por parte del Gobierno de Estados Unidos hace dos semanas contrasta con el hecho de que aún se aplique el Título 42.
En un comunicado los líderes insistieron en que «la falta de acciones significativas del Gobierno Biden para abordar esta crisis en curso representará un claro fracaso en el compromiso del presidente», y amenaza su legado en cuanto a los derechos humanos.
En este sentido, Kica Matos, vicepresidenta de estrategia del Vera Institute of Justice, advirtió que la Administración Biden «no solo ha hecho poco para detener las expulsiones y el maltrato a las familias solicitantes de asilo, sino que continúa defendiendo algunas de las políticas de inmigración más crueles, inhumanas e ilegales de la era (del hoy expresidente Donald) Trump».
Por su parte, Maribel Hernández Rivera, subdirectora de política nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo que «el presidente Biden debe cumplir sus promesas de campaña y poner fin a su adopción de políticas que infligen crueldad a las comunidades de inmigrantes negros, marrones e indígenas».
Los activistas también criticaron el regreso de la política «Quédate en México», que obliga a los solicitantes de asilo a esperar el desarrollo de sus casos en el país vecino.
La Administración ha dicho que el programa se restablecerá en las «próximas semanas» para cumplir con la orden de un juez federal que falló en favor de los estados de Texas y Misuri, que demandaron al Gobierno demócrata por poner fin a esa política.
«Cada día que continúan las políticas como las expulsiones bajo el Título 42 o los planes para volver a implementar el programa ‘Quédate en México’, la Administración profundiza su legado de perpetuar los sistemas de disuasión basados en la xenofobia y el racismo», acotó Sarah Costa, directora ejecutiva de la Comisión de Mujeres Refugiadas.
