La incertidumbre del acuerdo de paz colombiano cinco años después de la firma

Bogotá | EFE.-

El 26 de septiembre de 2016 el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el último comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron en Cartagena un acuerdo de paz para dar fin a medio siglo de conflicto armado pero hoy, cinco años después, la incertidumbre marca el camino de su implementación.

Aquel acuerdo sufrió su primer revés apenas seis días después cuando fue rechazado por estrecho margen en un plebiscito, lo que obligó a reabrir las negociaciones para un nuevo documento final que se firmó el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá y es el que hoy se está implementando, una tarea de 15 años.

Según el último informe del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos), especializado en estudios de paz y miembro del componente internacional de verificación del acuerdo colombiano, la implementación muestra una “dinámica de pocos cambios, pero orientada a alcanzar metas de largo y mediano plazo”.

Ese documento, presentado en mayo, apuntó que atrás quedaron los cambios acelerados en el proceso registrados en los primeros dos años después de la firma, en los que se consolidó la mayoría de compromisos de corto plazo, fundamentales para sentar las bases de la implementación.

“Yo creo que por ahí han estado haciendo carrera unas opiniones de que ya el acuerdo se murió. Yo no lo creo, eso son fantasías. Tampoco creo que el acuerdo, ni este ni ninguno, se va a implementar nunca al 100 %”, expresó a Efe el profesor e investigador Alejo Vargas, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional.

PAZ CON LEGALIDAD

Para implementar el acuerdo el Gobierno del presidente Iván Duque, que justamente hizo campaña para que lo acordado fuera rechazado en el plebiscito y que esta semana ante la Asamblea General de la ONU tachó el acuerdo de “frágil”, tiene desplegada la política “Paz con legalidad”.

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, aseguró esta semana que el Gobierno de Duque recibió un rompecabezas de 6.000 fichas “sin la figura que había que armar, ni siquiera los bordes”, pero consiguió “recursos para la financiación” y asumió un “compromiso político” para la implementación del acuerdo.

Una de las principales banderas del plan gubernamental son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en temas como desarrollo rural, atención a mujeres y etnias y sustitución de cultivos que están dirigidos a los 170 municipios colombianos más afectados por la violencia.

“El trabajo del consejero Archila ha estado muy centrado en un aspecto del acuerdo, pero en otros, que para ellos eran menos políticamente importantes o atractivos (…) en eso no hay ninguna gestión ni implementación por parte del Gobierno”, afirmó Vargas.

Entre ellos menciona el primer y el segundo punto del acuerdo de paz: “reforma rural integral” y “participación política y apertura democrática para construir la paz”, que no han avanzado mucho en los tres años del Gobierno de Duque.

En ese sentido, el experto advirtió que no se debe olvidar de dónde viene Duque: “Él surge de esa coalición de fuerzas políticas que se opusieron” al acuerdo en el “plebiscito y que lograron ganar, por poquita diferencia”.

EL PAPEL DE LOS EXCOMBATIENTES

El mayor lastre de la implementación del acuerdo de paz ha sido la violencia contra los exguerrilleros, pues desde entonces han sido asesinados 286 según el partido Comunes, surgido de la desmovilización de las FARC.

“Ser reincorporado envuelve un estigma, más cuando desde el propio partido de gobierno se insiste en el desconocimiento del acuerdo. Eso afecta indudablemente a sus familias. Hasta el punto de que algunas de ellas, dolorosamente, no están a gusto con el regreso del excombatiente”, dijo Rodrigo Londoño, que hoy es presidente de Comunes, en una entrevista con el diario El Tiempo.

Sin embargo, los exguerrilleros también han sido cuestionados por su falta de compromiso con la reparación de las víctimas, pues justamente esta semana hubo una polémica porque una senadora de Comunes, Sandra Ramírez, reabrió heridas en el país al decir que quienes estuvieron secuestrados tenían “comodidades a medida de las condiciones” en que estaban.

Las víctimas rechazaron estas declaraciones que, dijeron, las están revictimizando y denotan que la antigua guerrilla, por momentos, pareciera no tener un compromiso serio con la reparación y la reconciliación.

Para Vargas, los exguerrilleros están comprometidos “con lo relativo a su desarme y desmovilización y en eso hay que decir que hay un cumplimiento casi del 100 %”, pese a la existencia de disidencias de las FARC que retomaron las armas o nunca las abandonaron.

“Pero evidentemente su compromiso no terminaba ahí. Su compromiso sigue, así como el del Estado, en términos de contribuir en el Sistema Integral de Paz en los temas de verdad y en los temas de reparación y de reconciliación”, manifestó.

En ese contexto, hoy el acuerdo de paz continúa su implementación que, con todos los matices que han marcado estos últimos cinco años, cambió radicalmente el presente y el futuro de Colombia, que anhela cerrar las heridas del pasado pero se rehúsa a dejar atrás la violencia.

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