Managua | EFE.-
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció este jueves que el Gobierno de Nicaragua utiliza a empleados del Estado para truncar a sus representantes, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos desde abril de 2018.
«El régimen no tolera que existan derechos, voces, ni acciones fuera de su dominio y por eso ha forzado a empleados del Estado y a otros ciudadanos a demandar la destitución de Juan Sebastián Chamorro como miembro de la mesa de negociación», denunció la Alianza, en un comunicado.
Según la denuncia, empleados estatales o personas afines al Gobierno del presidente Daniel Ortega, mantienen una «campaña desatada» contra Chamorro y la Alianza, «a través de insultos, amenazas y asedio».
Chamorro es uno de los portavoces principales de la Alianza, que mantiene discusiones con el Gobierno de Nicaragua sobre una salida pacífica a la crisis local, negociaciones que están suspendidas a la espera de que el Ejecutivo cumpla con los compromisos firmados en marzo pasado, según la oposición.
En medio de la campaña, Chamorro mostró públicamente su simpatía con una carta pública dirigida al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en la que se le reclama por el financiamiento a la Policía de Nicaragua, que además de ser señalada por crímenes de «lesa humanidad», su director, Francisco Díaz, tiene sanciones económicas internacionales.
La Alianza indicó que el objetivo de la campaña es «justificar el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno», y agregó que «una vez más el régimen hace gala de la represión y el asedio a la libertad».
La oposición reclama al Gobierno que cumpla con el compromiso de liberación absoluta para los «presos políticos» y el respeto por la Constitución en lo referido a las libertades de expresión y de prensa.
«Exigimos al régimen el cumplimiento de los acuerdos firmados, que no es más que el respeto a los derechos inherentes de los ciudadanos nicaragüenses», reiteró la Alianza.
Por su parte el Gobierno, en los últimos días, ha insistido en que la Alianza pida a la comunidad internacional que suspenda las sanciones económicas, luego de que estas abarcaron a Laureano Ortega, hijo del mandatario y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quien ya había sido sancionada.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
