Tomado de agencia EFE.-
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y doce países de la región pidieron este viernes al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que cumpla con lo pactado en el diálogo con la oposición y libere a todos los «presos políticos».
Almagro también exigió a Ortega que respete la libertad de manifestación, de reunión, de movilización y de prensa, tal y como se comprometió en las negociaciones con la opositora Alianza Cívica, proceso suspendido desde el 3 de abril y en el que la OEA y el Vaticano actúan como garantes y testigos.
«El cumplimiento de todos estos compromisos y cambios es urgente. De lo contrario, el país no vivirá la normalidad institucional y su gente seguirá padeciendo. Los compromisos no pueden quedar en la retórica ni en el papel, los mismos deben ser implementados de manera perentoria para el bien de todos los nicaragüenses», subrayó Almagro.
El secretario general de la OEA reiteró que en Nicaragua se vive una «alteración del orden democrático» y, por eso, defendió la decisión que tomó el 27 de diciembre de 2018 para iniciar el proceso de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que podría abrir la puerta a la suspensión del país centroamericano.
Por petición de Almagro, la OEA inició formalmente la aplicación de la Carta a Nicaragua el 11 de enero, pero desde entonces no se ha tomado ninguna iniciativa específica para avanzar en ese proceso.
Los 12 países del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua quisieron incrementar la presión sobre Ortega y por eso hoy entregaron al Consejo Permanente un documento en el que piden «progresos demostrables en áreas específicas» antes de la Asamblea General de la OEA, el foro más importante del organismo.
La próxima Asamblea General, que reúne a los cancilleres de los Estados miembros, se celebrará en junio en Medellín (Colombia) y es posible que en esa cita se aborde el tema de Nicaragua.
En concreto, los 12 países formularon hoy cuatro peticiones a Ortega: primero, pidieron que «cese la represión, incluyendo el respeto a la libertad de expresión y al derecho a la protesta pacífica» y, segundo, solicitaron la «liberación incondicional» de todas las personas encarceladas.
En el contexto del diálogo, Ortega ha excarcelado a 248 manifestantes, pero el proceso se ha dado sin supervisión independiente y muchos han pasado a régimen de arresto domiciliario.
Por último, solicitaron a Ortega que permita el ingreso en Nicaragua de la CIDH, que jugó un papel muy relevante en la crisis con su apoyo a los primeros intentos de diálogo y, posteriormente, mediante la documentación de violaciones de derechos humanos.
En la sesión, el viceministro de Exteriores de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, rechazó la iniciativa del Grupo de Trabajo de la OEA para Nicaragua, que fue creado en agosto de 2018 mediante la aprobación de una resolución y que el Gobierno de Ortega nunca ha reconocido al considerarlo un intento de «injerencia».
Este martes el Vaticano y la Secretaría General de la OEA convocaron una reunión para tratar de retomar las negociaciones, pero ese intento fracasó.
Desde que comenzaron esas nuevas conversaciones el 27 de febrero, algunos sectores de la oposición han sostenido que Ortega solo está usando ese proceso para ganar tiempo y mantenerse en el poder.
