Opositores nicaragüenses informarán de nuevos incumplimientos de Ortega

Fieles católicos levantan banderas en apoyo al obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, durante una homilía de Pascua este domingo, en Managua (Nicaragua). EFE
Managua | EFE.-

La Alianza opositora de Nicaragua acordó este lunes exponer los «nuevos incumplimientos» por parte del Gobierno de Daniel Ortega sobre los acuerdos en la mesa de negociación, con la que se busca superar la crisis que estalló hace un año, antes de retomar las conversaciones.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la contraparte del Ejecutivo en la negociación, solicitó a los testigos y acompañantes del proceso -que invitaron a las partes a retomar las conversaciones este martes- a «un encuentro bilateral para informar sobre nuevos incumplimientos de los acuerdos del 29 de marzo que se incrementaron a partir del 15 de este mes».

El nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, quienes participan como testigos y acompañantes del proceso en representación del Vaticano y de la Secretaría General de la OEA, respectivamente, invitaron a las partes a retomar las conversaciones mañana martes.

Sin embargo, según la Alianza Cívica, el Gobierno ha incumplido los acuerdos relativos a derechos y garantías ciudadanas suscritos el pasado 29 de marzo y que, desde entonces, la Policía Nacional ha detenido a 160 manifestantes, de los cuales 13 todavía permanecen en prisión.

Asimismo, que han identificado «nuevos patrones de represión» por parte de las autoridades.

«La Alianza Cívica espera que los testigos y garantes tomen nota de la situación y actúen conforme a su mandato», anotó esa coalición, que pidió el encuentro con los testigos y acompañantes para mañana, antes de la cita a la que convocaron.

La delegación gubernamental, que aceptó la invitación de los testigos desde la semana pasada en la que presentarán una propuesta de implementación de lo convenido, sostuvo este lunes que cumplirá con los acuerdos firmados con la oposición.

«Vamos adelante, comprometidos con el cumplimiento de todos los acuerdos que hemos tomado, y en absoluta disposición de continuar avanzando conforme las agendas consensuadas en la mesa de negociación», indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en una declaración.

En la mesa de negociación el Gobierno se comprometió a liberar a los denominados presos políticos por la oposición en un plazo no mayor de 90 días, a partir del 20 de marzo, y a respetar la Constitución en lo referido a la libertad de manifestación, reunión, movilización y prensa.

Tanto la Alianza Cívica como la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco han denunciado que el Gobierno no ha cumplido con ninguno de los compromisos, ya que 250 «presos políticos» excarcelados fueron enviados a sus casas bajo régimen de convivencia familiar, y cada intento de manifestación en las calles ha sido blanco de «represión».

El domingo, el papa Francisco animó a las partes a continuar con los esfuerzos «para encontrar lo antes posible una solución pacífica y negociada en beneficio de todos los nicaragüenses».

El obispo nicaragüense Silvio Báez, fuerte crítico del presidente Ortega, dijo ese día que el Gobierno nunca ha querido dialogar para buscar una salida a la crisis, ni en el primer diálogo, que se desarrolló de mayo a julio del año pasado, ni en la negociación que culminó el pasado 3 de abril.

El Gobierno no ha estado «dispuesto a dialogar ni a ceder nada», sostuvo.

El Ejecutivo y la Alianza Cívica culminaron el pasado 3 de abril una negociación para superar la crisis, sin acuerdos en temas de justicia y democratización, aunque dejaron la puerta abierta para seguir las conversaciones.

Los delegados del Ejecutivo pidieron un tiempo para reflexionar sobre los puntos de verdad, justicia, reparación y no repetición, además de democratización y reformas electorales.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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