San Salvador | EFE.-
En El Salvador se ha intensificado la erosión de derechos humanos, se observa un aumento de ataques a medios de comunicación y la estigmatización pública a organizaciones a derechos humanos, según el informe anual de Amnistía Internacional (AI), divulgado este lunes.
Asimismo, que se siguen sin respetarse los derechos a víctimas de la guerra civil.
ALTOS CARGOS MENOSPRECIAN A DEFENSORES
De acuerdo con la organización, varios altos cargos gubernamentales estigmatizaron y menospreciaron públicamente a las personas que defendían los derechos humanos y a sus organizaciones, y las acusaron de formar parte de la oposición política.
«Los espacios de diálogo regular y efectivo entre los organismos gubernamentales y las organizaciones de derechos humanos cuyo fin era contribuir a diseñar las políticas públicas están cerrados o prácticamente inexistentes», apunta.
Menciona que una comisión de la Asamblea Legislativa archivó en mayo del año pasado la propuesta de ley para el reconocimiento y protección integral de las personas defensoras de derechos humanos y para la garantía del derecho a defender tales derechos.
Las organizaciones de derechos humanos advirtieron, añade AI, que esta situación podía perpetuar el contexto de hostilidad al que se enfrentaban quienes defendían los derechos humanos.
ATAQUES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El informe indica que «varios periodistas y medios de comunicación» denunciaron nuevos ataques contra la libertad de prensa como, por ejemplo, un aumento significativo de las acusaciones públicas infundadas contra el sector, obstáculos para llevar a cabo su labor -incluso para acceder a la información pública- y la negativa de algunos altos cargos a responder preguntas.
Señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en favor de 34 miembros del periódico digital El Faro e indicó que la CIDH declaró que la información recibida sugería que el hostigamiento, las amenazas y la intimidación que estas personas manifestaban estar sufriendo tenían como propósito intimidarlas e impedirles ejercer su trabajo.
Además, apunta que en noviembre pasado se informó de que en El Salvador se utilizaba la tecnología de espionaje Pegasus de la empresa NSO Group para «someter a vigilancia a periodistas y miembros de la sociedad civil».
VÍCTIMAS DE GUERRA SIN JUSTICIA
AI recalca que a las víctimas de la guerra civil (1980-1992) siguen sin respetarles sus derechos y negándoles la justicia.
Señala que las víctimas de la matanza de El Mozote han notificado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que las autoridades se habían negado a entregar información sobre el caso, especialmente la que figuraba en los archivos militares.
Además, que la Fiscalía General de la República no ha avanzado de forma significativa en la investigación de ninguna de las decenas de denuncias presentadas por las víctimas.
La matanza, considerada una de las más grandes registradas en Latinoamérica en el siglo XX, tuvo lugar durante la guerra interna que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la entonces guerrilla Frente Farabundo Martí la Liberación Nacional (FMLN) y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
