Bolivia sigue sin defensor del Pueblo tras cuatro votaciones legislativas fallidas

La Paz | EFE.-

Las tres fuerzas políticas bolivianas con representación en el Parlamento nacional no han podido ponerse de acuerdo para designar al nuevo defensor del Pueblo tras cuatro votaciones en las que ninguno de los postulantes previamente habilitados logró la votación suficiente para ser elegido.

La última votación concluyó el miércoles en la noche con 99 votos para el candidato Pedro Francisco Callisaya, 47 para Evelin Cossío y 2 para Luisa Antonia Chipana, además de 16 votos en blanco, según información difundida por el Senado boliviano.

Un postulante requiere al menos 110 votos para alcanzar los dos tercios establecidos en la Constitución boliviana vigente desde 2009 y en la Ley del Defensor del Pueblo.

Oficialismo y oposición se señalan mutuamente de una supuesta intransigencia que impide avanzar en la designación de un nuevo titular para la Defensoría del Pueblo, aunque tampoco han logrado sentarse a dialogar al respecto.

VOZ OFICIALISTA

En declaraciones a Efe, el diputado del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui reconoció que no se han podido establecer los consensos necesarios para designar al defensor del Pueblo, aunque opinó que «ha existido avances interesantes».

Jáuregui destacó que Callisaya, que según dijo es el que obtuvo la mejor calificación en la Comisión Mixta parlamentaria que preevaluó a los postulantes, ha ido obteniendo cada vez más apoyos en las votaciones realizadas hasta el momento, al pasar de 65 votos en la primera a 99 en la cuarta.

El parlamentario justificó la reciente decisión de la mayoría oficialista de aplazar sin fecha la designación del defensor del Pueblo al asegurar que el Legislativo «tiene otras responsabilidades urgentes que atender».

Entretanto, la actual defensora del Pueblo interina Nadia Cruz se mantendrá en el cargo pese a que lleva más de tres años en funciones y a que el fin de semana concluyeron los seis años de gestión que debía cumplir David Tezanos Pinto, el titular elegido en 2016.

«Penosamente esa es la ruta y es el camino que ha marcado la oposición con sus intransigencias, nosotros hemos hecho los intentos, hemos convocado a las reuniones y a la fecha no tenemos propuestas serias por parte de la oposición» para elegir al nuevo defensor del Pueblo, indicó Jáuregui.

POSICIÓN OPOSITORA

En declaraciones a Efe, el diputado de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Enrique Urquidi responsabilizó al vicepresidente del país y titular del Parlamento, David Choquehuanca, y a la mayoría oficialista por no haber podido generar un escenario de diálogo que allane el camino para designar al defensor.

Según Urquidi, el MAS no tiene «voluntad política» para lograr estos consensos entre las tres fuerzas parlamentarias porque, a su juicio, el partido gobernante «no quiere a una nueva autoridad titular en la Defensoría del Pueblo» y apuesta por prolongar el interinato de Nadia Cruz.

«Seguramente para ellos es muy cómodo seguir con los interinatos porque son designaciones a dedo y le permiten al MAS tener a la Defensoría del Pueblo y a la autoridad máxima de esa institución servil a sus intereses y a sus objetivos políticos», sostuvo el opositor.

Urquidi señaló que CC no aceptará «bajo ningún concepto» que se amplíe el mandato de Cruz, a quien la oposición señala de ser afín al oficialismo, ni se designe a otro defensor interino porque eso «es ilegal e inconstitucional» y demandó que el vicepresidente convoque a un diálogo «transparente» entre las tres fuerzas políticas.

Para CC, es innegociable que el nuevo defensor del Pueblo sea una persona «que tenga como único compromiso la defensa de los derechos humanos» y con independencia política, lo que el postulante Callisaya no posee, según Urquidi.

Este proceso ha llamado la atención de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instaron al Parlamento a que la elección «garantice la independencia e imparcialidad» de la nueva autoridad.

Desde su creación a fines de la década de 1990, la Defensoría del Pueblo ha tenido cuatro funcionarios titulares elegidos por el Legislativo boliviano.

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