Candidata presidencial guatemalteca ve la acusación en su contra como un «show»

En la imagen, la ex primera dama y por segunda vez candidata a la Presidencia de Guatemala Sandra Torres. EFE/Archivo
Guatemala | EFE.-

La ex primera dama y por segunda vez candidata a la Presidencia de Guatemala Sandra Torres aseguró este jueves que los señalamientos en su contra por la posible comisión de un delito de financiación electoral forman parte de un «show».

Torres, que se postula por el partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con su candidato a vicepresidente, el excanciller Carlos Raúl Morales, criticó en sus redes sociales las explicaciones que ha dado el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, sobre la petición de desafuero en su contra para poder investigarla.

«Se confirma mi afirmación en cuanto a la actitud política del fiscal Sandoval (…). Desde ayer (miércoles) se ha dedicado a mediatizar el caso, concediendo entrevistas a diestra y siniestra. Eso es antitécnico, antiético y, sobre todo, político. ¡Es un show!», reiteró la aspirante a la Presidencia.

En su opinión, un fiscal debe «presentar y defender sus argumentos ante un juez, no ante la opinión pública» y se preguntó qué hace en un medio de comunicación en lugar de estar en Tribunales, donde debe realizar su trabajo.

La Fiscalía presentó una solicitud de desafuero este miércoles contra Torres, ex primera dama (2008-2012) y candidata a la Presidencia por segunda vez, por los delitos de asociación ilícita y financiación electoral no registrada.

Según la investigación, en la que colaboró la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Torres participó y tenía conocimiento de la financiación irregular de su partido en la campaña de 2015, donde no reportó 2,53 millones de dólares al Tribunal Supremo Electoral.

De ellos, unos 453.000 dólares provenían de sobornos del caso destapado en enero de 2018 «Traficante de Influencias», una estructura delictiva que captaba empresas para agilizar trámites de devolución fiscal a cambio de comisiones, y el resto son de financiación electoral anónima.

Las primeras pesquisas señalan que se utilizaron tres empresas, dos de ellas compañías cartón y otra propiedad del actual diputado de la UNE Julio César Ixcamey, como «centros de recaudación» y administración de recursos externos al partido por medio de una administración paralela de las «finanzas oficiales» para eludir «el control sobre los fondos aportados».

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