San Salvador | EFE.-
Diputados de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa de El Salvador comenzaron este lunes el estudio de un anteproyecto de ley para evitar el tráfico de órganos, informó el Parlamento.
El proyecto denominado «Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células Humanas», presentado en diciembre de 2018 por autoridades del Ministerio de Salud (Minsal), está conformado por 67 artículos que están enfocados en regular la donación de órganos, crear un registro de personas donantes y evitar el tráfico de órganos.
Específicamente, con la normativa se busca «regular lo relacionado con la donación y trasplante de órganos, tejidos y células humanos, así como la utilización de productos derivados de ellos cuando estén destinados a ser aplicados en el ser humano, como un medio para garantizar el derecho a la salud y la vida», indicó la fuente.
De acuerdo con el Congreso, la donación y trasplante de órganos es una realidad en muchos países y se ha convertido en un mecanismo para salvar y mejorar la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia de algún órgano corporal, por lo que «es necesario evitar la comercialización ilegal de estos».
La iniciativa presentada ante el Parlamento contempla la creación del Centro Nacional de Trasplante (Cenat) como un ente descentralizado, y encargado de dirigir y evaluar la implementación de la política nacional.
De acuerdo con estimaciones de la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la modalidad de tráfico de órganos representa una cifra aproximada de 600 millones de dólares a nivel mundial.
Por lo anterior, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha clasificado esta modalidad delictiva como uno de los 23 productos traficados ilegalmente en la región de Centroamérica y el Caribe.
El combate contra el tráfico de órganos se puede realizar a través de la prevención y educación ciudadana, es por esta razón que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha invitado a sus países miembros a tomar medidas y así proteger a los grupos más pobres y vulnerables de la venta de órganos y tejidos humanos.