Familias de «falsos positivos» en Colombia piden a confesos militares revelar nombres de responsables

Foto de archivo. Un hombre camina en un cementerio en donde de acuerdo con testimonios de militares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), permanecen enterrados los cadáveres de 50 personas ejecutadas extrajudicialmente, en Dabeiba.
Por Luis Jaime Acosta | BOGOTÁ | Reuters.-

Familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por efectivos del Ejército Nacional en Colombia pidieron el miércoles a los victimarios que admitieron su responsabilidad en los crímenes revelar quiénes dieron la orden de asesinarlos, en la más reciente audiencia pública de justicia transicional.

Los llamados «falsos positivos», en los que al menos 6.402 personas fueron asesinadas por efectivos del Ejército y presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate, es uno de los casos más notorios de violaciones a los derechos humanos en Colombia y es tratado por el tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Varios militares, incluyendo el general retirado Paulino Coronado Gámez, ya admitieron su responsabilidad en los asesinatos, ocurridos entre 2002 y 2008, durante los dos mandatos del expresidente Álvaro Uribe como parte de un plan de incentivos para obtener resultados en la lucha contra la guerrilla izquierdista.

Un civil y diez militares retirados, incluido el general Coronado, dieron sus testimonios el martes y miércoles como parte de una serie de audiencias en la ciudad de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, pidiendo perdón y reconociendo su responsabilidad ante familiares de al menos 120 personas asesinadas en esa región del país.

«No se echen ustedes el agua sucia, no dejen que otras personas sigan en libertad y ustedes con esa carga que tienen, digan quién dio la orden para asesinar a nuestros hijos», dijo Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo.

Muchos de los jóvenes asesinados fueron llevados desde Soacha, una ciudad en las afueras de Bogotá, con falsas promesas de trabajo a Norte de Santander donde después fueron asesinados por efectivos del ejército.

«Con profundo dolor por execrables crímenes cometidos por mis subalternos, de corazón les presento a ustedes mi arrepentimiento por no haber actuado más diligentemente», dijo Coronado ante los familiares de las víctimas y magistrados de la JEP. «Ofrezco mi solidaridad y concurso para procurar restaurar el daño y el dolor causado».

ESCALOFRIANTE CONFESIÓN

Coronado es el oficial de más alta graduación que ha admitido su responsabilidad y pedido perdón por los «falsos positivos», considerados por la justicia como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

Grupos de derechos humanos aseguran que la cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de los militares podría ser mayor a la cifra que maneja la JEP.

«Planeé y entregué armas para que jóvenes inocentes, con sueños, que eran amados por sus madres, por sus hermanos, por sus esposas, por sus hijos, fueran asesinados y reportados como un muerto en combate, como un resultado operacional», dijo el sargento retirado Sandro Mauricio Pérez.

«Falso, fueron combates ilegítimos, fueron asesinatos a sangre fría», agregó Pérez, quien confesó que adulteró documentos para darle credibilidad a las operaciones militares.

El sargento retirado admitió que se convirtió en «un asesino, un monstruo para la sociedad y en una máquina de muerte» para complacer las presiones de sus superiores.

«No soy digno de recibir su perdón, pero cada día le pido a Dios (…), porque no es fácil llevar en mi conciencia el haber asesinado tantas personas inocentes», aseguró Pérez con la voz entrecortada.

Decenas de oficiales del Ejército detenidos y condenados por su participación en los asesinatos han comparecido ante la JEP en busca de penas más leves que las que les corresponderían en el sistema de justicia ordinario a cambio de verdad, justicia, reparación y no repetición.

La JEP es parte del acuerdo de paz firmado con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a un largo conflicto armado interno de casi seis décadas que ha dejado más de 260.000 muertos.

Las personas que admitan responsabilidad ante la JEP en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad recibirán una sanción de cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad en establecimientos no carcelarios.

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