Tegucigalpa | EFE.-
El Gobierno de Honduras dijo este martes que el caso del periodista David Romero, quien ha sido condenado a diez años de cárcel por difamación e injurias contra una exfiscal de la Mujer, «no es un asunto de libertad de expresión».
En un comunicado de la Cancillería, el Gobierno recordó que Romero, director de Radio Globo en Tegucigalpa y contra quien hay una orden de captura, fue «denunciado, enjuiciado y encontrado culpable» por un juez en marzo de 2016.
Además, explicó que el caso de abrió por delitos de «calumnia constitutiva de difamación» contra Sonia Gálvez, exfiscal de la Mujer y esposa del ex fiscal general adjunto de Honduras Rigoberto Cuéllar.
Gálvez, añadió, acusó en agosto de 2014 a Romero por 22 delitos de difamación, calumnia e injurias, y logró que el periodista fuera condenado en 2004 a diez años de prisión por haber violado a una hija suya, quien lo denunció.
En el juicio, Romero negó haber violado a su hija; sin embargo, finalmente «confesó el delito luego de revelarse los análisis de Medicina Forense y la prueba de ADN que arrojó un resultado positivo de 99,99 %», señala el comunicado.
Tras la primera condena, que por buen comportamiento no terminó de cumplir, Romero emprendió «una campaña sistemática contra la exfiscal y su familia».
El tribunal de sentencia absolvió a Romero de 16 delitos, pero lo condenó por seis y por cada uno se le ha impuesto un año y ocho meses de reclusión, según la sentencia.
El 11 de enero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró sin lugar un recurso de casación presentado por la defensa de Romero y ratificó la sentencia emitida en marzo de 2016, de diez años de reclusión.
El pasado día 14 un juez de ejecución emitió orden de captura contra Romero, que desde el lunes permanece en las instalaciones de Radio Globo en Tegucigalpa.
«En Honduras nadie está por encima de la ley, este es un Estado de derecho y cada poder del Estado hace su parte», enfatizó el Gobierno hondureño.
El poder Judicial declaró culpable y condenó a Romero «tomando en cuenta, como dice la misma sentencia, el antecedente de haber sido condenado por violación cometida en contra de su propia hija años atrás», de acuerdo a la información.
Según registros del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), desde el año 2004 a la fecha se han interpuesto alrededor de 30 querellas contra personas vinculadas a los medios de comunicación, de las cuales al menos seis han sido objeto de sentencias en el país, mientras que otros prefirieron llegar a acuerdos conciliatorios.
Tegucigalpa, (EFE).- Sonia Gálvez, exfiscal de la Mujer y esposa del ex fiscal general adjunto de Honduras Rigoberto Cuéllar, expresó este martes su «indignación» ante la falta de cumplimiento a la condena dictada contra el periodista David Romero, quien fue sentenciado a 10 años de cárcel por difamación e injurias.
«Pacientemente he visto con indignación cómo se han desarrollado los hechos en torno a la ejecución de la sentencia condenatoria recaída contra el ciudadano David Romero», indicó Gálvez en un comunicado.
Gálvez presentó en agosto de 2014 una demanda contra Romero, contra quien hay una orden de captura y estaba prófugo, por 15 delitos de calumnia e injurias.
«He observado cómo se diluye y se pervierte una lucha que yo enfrenté sola, sin el apoyo de grupos defensores de derechos humanos, ni de grupos defensores de los derechos de la mujer, para defender mi honra, mi seguridad personal y la de mi familia», enfatizó.
Aseguró que su lucha nada tiene que «ver con la libertad de expresión, colores políticos, ni grupos de izquierda o derecha, sino únicamente con la defensa de mi dignidad como mujer y como operadora de justicia que en su momento fui».
Los jueces, fiscales y agentes de investigación, añadió, son «susceptibles de verse en una situación similar, solo por haber cumplido fielmente con su labor» y «eso no es permisible en ningún Estado de Derecho».
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró el 11 de enero sin lugar un recurso de casación presentado por la defensa de Romero y ratificó la sentencia emitida en marzo de 2016, de diez años de reclusión, por la comisión de seis delitos de difamación constitutivos de injurias contra Gálvez.
El pasado día 14 un juez de ejecución emitió orden de captura contra Romero, director de Radio Globo en Tegucigalpa, donde permanece desde el lunes.
Gálvez indicó que en 2002, cuando ella era fiscal de la Mujer, acusó al periodista de haber violado a una hija suya, quien lo denunció, y fue condenado a diez años de prisión.
Por buen comportamiento, Romero, quien era diputado suplente ante el Parlamento de Honduras por el opositor Partido Liberal, no terminó de cumplir los diez años de prisión.
«Una vez que cumplió su condena, (Romero) aprovechó sus espacios televisivos y de radio para atacarme visceralmente de forma sistemática, tanto a mí como a mis seres queridos», enfatizó Gálvez.
Esos ataques, agregó, fueron «personales, que nada tienen que ver con el derecho a la información, ni mucho menos con la libertad de expresión».
Gálvez instó a la ciudadanía a leer la sentencia contra el periodista para que «verifique que los ataques que realizó David Romero en mi contra fueron en mi condición de mujer, madre, esposa e hija».
«Debo manifestar que no tengo nada en contra de la libertad de expresión, todo lo contrario, soy fiel creyente que ese derecho debe ejercerse en todo Estado que se autodenomine como democrático, pero debe ejercerse de manera responsable y bajo ninguna circunstancia permitir que se utilice como instrumento de venganza», destacó.
Cada pena dictada contra Romero «es proporcional a los hechos, pues no se trata de un sólo hecho aislado, sino de un ataque sistemático y permanente que lleva más de 4 años», apuntó.
Gálvez indicó que a diferencia de otros periodistas condenados por difamación e injurias que han conmutado su pena pagando 10 lempiras (unos 40 centavos de dólar) por día de condena, a Romero «no le es posible gozar de este beneficio» por la sentencia anterior.
La exfiscal hondureña dijo que no espera «apoyo de nadie, nunca lo he tenido, más que el acompañamiento de Dios y el respaldo absoluto de mi familia, pero tampoco puedo callar al ver como se utiliza mi causa como bandera de lucha en beneficio de intereses mezquinos, ya sean particulares o de grupos», según el comunicado.
