Honduras sigue en deuda con justicia para Berta Cáceres, dicen familiares

La Esperanza (Honduras), EFE.-

El Estado de Honduras sigue en deuda con la justicia para la ambientalista y líder indígena Berta Cáceres, seis años después de haber sido asesinada, el 2 de marzo de 2016, dijeron este miércoles sus familiares en un comunicado.

«A pesar de los enormes esfuerzos del COPINH (Consejo Popular de Pueblos Indígenas de Honduras) y la familia, así como de organizaciones y comunidad internacional, continúa la impunidad, el Estado de Honduras sigue en deuda con la justicia para Berta Cáceres», subraya el comunicado difundido en La Esperanza, occidente del país centroamericano, donde fue asesinada la ambientalista.

Añade que les sigue «consternando este cobarde crimen» que evidencia la persecución contra los que luchan en defensa del territorio y de los derechos de las comunidades indígenas, particularmente contra mujeres libertarias y fuertes como Berta».

JUICIOS CONTRA BANCOS INTERNACIONALES

El sexto aniversario del crimen contra Cáceres fue conmemorado en el Centro Utopía, del COPINH, con la participación de centenares de vecinos de pueblos indígenas y afrodescendientes, la secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque; el embajador de España, Guillermo Kirkpatrick, y la representante del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, entre otros invitados.

Durante el día se celebrarán otras actividades cívicas y culturales para honrar la memoria de Berta Cáceres.

Los familiares y su equipo de defensa legal recordaron que el 5 de julio de 2021 fue hallado culpable como coautor del asesinato David Castillo, militar y presidente de la Empresa DESA, «lo que comprueba que el crimen contra Cáceres fue ejecutado por el grupo económico criminal de la familia Atala Zablah», accionistas del Banco Ficohsa, cuyos ejecutivos siempre han rechazado la acusación.

Al respecto, la institución bancaria aclaró a Efe que «Ficohsa puede demostrar que no existe involucramiento de Ficohsa o de alguno de sus accionistas en el proyecto Agua Zarca como financista ni en ninguna otra capacidad».

Además, «la empresa DESA es propiedad de otra familia Atala, cuyos miembros no son, ni nunca han sido, inversionistas o accionistas en Ficohsa», añade la aclaración.

«Es cada vez más claro que sin el dinero de los bancos nacionales e internacionales no se hubieran podido concretar los ataques al COPINH y el asesinato de Berta Cáceres» y «anunciamos acciones legales y políticas contra los bancos internacionales financiadores del ilegal Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca», al que se oponía la líder ambientalista, subraya el comunicado del Consejo Popular.

ESPERAN CAPTURA DE AUTORES INTELECTUALES

Del nuevo Gobierno de Honduras, que desde el 27 de enero preside Xiomara Castro, la familia de Cáceres indicó que esperan «la captura de los autores intelectuales del asesinato» y el desmantelamiento de la estructura criminal de la familia Atala Zablah, la cancelación de la concesión del río Gualcarque y el reconocimiento del título ancestral comunitario de la comunidad de Río Blanco».

También esperan el enjuiciamiento de los funcionarios públicos y de las fuerzas de seguridad del Estado responsables del ataque y persecución a Berta Cáceres y al COPINH, y la investigación de los actos de corrupción por parte de los bancos relacionados con la financiación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

El comunicado, leído por Bertha Zúniga, una de los cuatro hijos de Berta Cáceres, señala además que del actual Gobierno esperan la refundación del sistema de Justicia hondureño en contra de las prácticas racistas y patriarcales, y la creación de una mesa compuesta por las víctimas del COPINH, la familia de la ambientalista, representantes del Ejecutivo, Ministerio Público y el acompañamiento de las Naciones Unidas.

En la mesa también deberán participar expertos internacionales independientes para la investigación, litigio y sanción de todos los delitos relacionados con el asesinato de Berta Cáceres y la imposición del proyecto Agua Zarca.

Berta Cáceres fue asesinada cuando dormía en su casa, en La Esperanza, pese las múltiples denuncias que hizo sobre amenazas de muerte por su oposición al proyecto Agua Zarca.

Para el próximo 4 de abril está prevista la sentencia contra David Castillo, nueve meses después de que fue declarado culpable por el asesinato de Berta Cáceres.

Al respecto, Laura Zúñiga, hija de la líder indígena, advirtió a Efe que la sentencia «ha tardado bastante» y que todos los procesos deben darse «lo más rápido posible en el sentido de que se pueda hacer una valoración mejor de todas las pruebas».

«Creemos que debe ser una sentencia clara, ya sabemos que hay un fallo condenatorio, pero creemos que la sentencia debe ser minuciosa y que permita que este proceso llegue a su fin por lo menos con la condena de David Castillo» y «abra también la posibilidad de continuar profundizando la justicia para Berta Cáceres, lo que tiene que ver con la búsqueda de otros asesinos», acotó.

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