Ciudad de Guatemala | EFE.-
Unos 400 jóvenes guatemaltecos marcharon este sábado para expresar su descontento con una ley aprobada esta semana en el Congreso contra el aborto y las minorías en el país centroamericano.
La polémica ley, denominada Ley Para la Protección de la Vida y la Familia, será vetada por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, según anunció el gobernante el jueves, aunque esto no evitó que los jóvenes mostraran su inconformidad al respecto este sábado.
La marcha empezó en una plaza al sur de Ciudad de Guatemala y culminó en el centro de la capital, con paradas frente al Congreso guatemalteco y también el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno.
El grupo de jóvenes iba comandado por estudiantes de la universidad privada Rafael Landívar, además de una manta con la consigna «insistir, resistir y nunca desistir».
Los asistentes exclamaron constantemente durante la marcha «…iglesia y estado, ¡asuntos separados!…», en una manifestación que también contó con la participación de colectivos LGBTI.
Pese a que Giammattei dijo que vetará la nueva ley, expertos legales en el tema insisten en que existe la posibilidad de que el Congreso la pueda aprobar nuevamente con más votos sin el respaldo del presidente, como establece la Constitución guatemalteca.
UNA LEY POLÉMICA
La polémica ley aprobada el 8 de marzo pasado por el Congreso guatemalteco eleva las penas de cárcel para los abortos en el país centroamericano y busca combatir a «grupos minoritarios» que son «incongruentes con la moral cristiana».
La normativa fue validada con 102 votos de diputados aliados a la bancada Vamos, que llevó a Giammattei al Gobierno en las elecciones de 2019.
En contra de la ley votaron 8 legisladores, la mayoría (6) de la agrupación de oposición Semilla, nacida de la lucha anticorrupción en 2015, y otros 50 no emitieron voto en el Parlamento para la aprobación del nuevo estatuto.
La iniciativa 5272, planteada inicialmente en 2017 por el partido conservador Viva hasta su aprobación el martes, aumenta las penas de prisión para mujeres que aborten, originalmente establecidas de 1 a 3 años de prisión y ahora modificado con penas de hasta 5 años de prisión como mínimo y hasta 50 años en algunos casos.
De igual forma, la normativa prohíbe enseñar en las entidades educativas la diversidad sexual.
El Congreso aseveró que la iniciativa de la ley debía aprobarse «considerando» la «existencia de grupos minoritarios de la sociedad, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana».
Giammattei indicó el jueves que vetaría la ley porque «viola dos convenciones de las cuales Guatemala es signataria» y «adolece de deficiencias técnicas en su redacción», pero «lo más preocupante es que viola la Constitución Política de la República».
En opinión de la directora para América de la organización humanitaria Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, la normativa aprobada por el Congreso «fomentará el odio y la discriminación», además de que «no protegerá a las familias ni a las vidas» y pondrá «en peligro la vida y los derechos de innumerables personas».
De acuerdo con un comunicado de la organización internacional, es «perturbador» que «el Congreso de Guatemala se empeñe en perder tiempo y recursos aprobando leyes que no harán nada más que agravar la multitud de problemas sociales y violaciones de derechos humanos que afligen a tantas personas en le país», en palabras de Guevara Rosas.
