La Paz | EFE.-
Más de un millar de camiones con carga boliviana están parados en la carretera entre Lima y la localidad de Desaguadero, fronteriza con Bolivia, a causa de los conflictos en Perú que incluyen bloqueos de rutas sobre todo en el sur de ese país, lo que ha preocupado a los sindicatos de transportistas bolivianos.
El dirigente de la Asociación de Transporte Pesado Internacional de El Alto, Gustavo Rivadeneira, explicó a EFE que ese sector se ha visto perjudicado «a consecuencia del problema político y social que se ha generado en Perú» por los bloqueos de carreteras.
Estos conflictos impiden el flujo de cargas bolivianas en tránsito desde y hacia ciudades peruanas como Arequipa, Lima, Matarani e Ilo, indicó.
«Tenemos un reporte aproximado de alrededor de 1.600 a 1.700 camiones que estarían parados en la ruta Lima-Desaguadero», señaló Rivadeneira.
El dirigente expresó su preocupación ante la «situación vulnerable» en la que se encuentran los transportistas «porque están sujetos a cualquier reacción violenta que puedan tener» las personas que realizan los bloqueos de carreteras, si bien por ahora no han tenido reportes de daños sufridos por los conductores bolivianos.
«Es un problema interno de Perú que nos afecta, que afecta a nuestra transitabilidad», lamentó Rivadeneira y pidió a las autoridades bolivianas «que puedan tomar contacto con sus pares peruanos para garantizar» la seguridad y «estabilidad» de los bolivianos que quedaron atrapados por el conflicto en el país vecino.
Las protestas que estallaron este domingo en Perú contra la presidenta, Dina Boluarte, y el Congreso han dejado ocho fallecidos, más de dos centenares de policías heridos y un número indeterminado de detenidos y civiles lesionados.
El Gobierno peruano decretó un estado de emergencia nacional por 30 días, medida que entró en vigencia este miércoles con la publicación del decreto firmado por Boluarte y cuatro integrantes del Consejo de Ministros con el fin de recuperar el orden público después de las masivas protestas.
Castillo fue arrestado el pasado miércoles después de haber sido destituido por el Congreso de su país tras intentar disolver el Legislativo y convocar un proceso constituyente para evitar un juicio político en su contra.
El gesto de Castillo fue calificado de golpe de Estado por miembros de su propio Gobierno, incluida la ahora presidenta Boluarte, y encontró el rechazo de las Fuerzas Armadas y la Policía.
