QUITO | Reuters.-
La Procuraduría de Ecuador dijo el viernes que obtuvo el embargo por parte de un tribunal local de las cuentas bancarias de los sentenciados el año pasado en un importante caso de corrupción, entre ellos el expresidente Rafael Correa y exfuncionarios de su gobierno.
La justicia ecuatoriana condenó a ocho años de prisión a Correa, quien gobernó el país entre el 2007 y 2017, acusándolo de «autor mediato» de cobros indebidos a contratistas para financiar campañas electorales de su movimiento político entre 2012 y 2016. En la sentencia también se incluyó a funcionarios de su gobierno y empresarios.
Además de la condena a prisión, los sentenciados estaban obligados a pagar en conjunto unos 14,7 millones de dólares como reparación integral para el Estado ecuatoriano, en diferentes cantidades de acuerdo a la sentencia.
Tres de los 20 condenados en el caso ya pagaron el monto de reparación que les correspondía, mientras que el resto no lo ha hecho hasta el momento, por lo que la procuraduría solicitó la «ejecución forzosa» del proceso.
Los tres jueces que integran el tribunal de ejecución, «ordenaron este 10 de noviembre de 2021 el embargo de las cuentas bancarias de los sentenciados por delito de cohecho», dijo la entidad, al recordar que en el caso «fueron declarados culpables el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otros altos funcionarios de su gobierno».
«Ejecutada esta acción, la Procuraduría solicitará al mismo Tribunal que disponga el embargo de los bienes muebles e inmuebles registrados a nombre de los condenados», añadió.
Correa, quien reside en Bélgica desde que dejó el cargo en 2017, ha dicho que la sentencia en su contra se trata de una persecución por parte del exmandatario Lenín Moreno, en cuyo gobierno se emitió el fallo, y de sus opositores políticos.
Además ha negado todas las acusaciones en este y otros procesos que se investigan en su contra.
De inmediato no se pudo contactar con los abogados del exmandatario para comentarios.
La entidad integró en agosto del 2020 la Unidad de Recuperación de Activos cuyo objetivo es ejercer el patrocinio del Estado en los procesos de ejecución de las sentencias dictadas en los casos por corrupción que involucran a exfuncionarios públicos.
