Tegucigalpa | EFE.-
El Ministerio Público de Honduras ha iniciado una investigación ante múltiples denuncias de grupos de la sociedad civil sobre presunta corrupción en las compras que está haciendo el Gobierno para combatir la epidemia de coronavirus, informó la institución fiscalizadora.
Algunas de las supuestas compras, según denuncias hechas en medios locales de prensa y redes sociales, se estarían haciendo a precios alterados, lo que han rechazado funcionarios que están involucrados en el plan estatal contra el coronavirus.
INVESTIGAN COMISIÓN DE CONTINGENCIAS
La investigación se inició el pasado día 4 con un equipo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), indicó el Ministerio Público en un comunicado.
Las «diligencias investigativas» iniciaron en las oficinas en Tegucigalpa de la estatal Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), ante denuncias de supuestas irregularidades en las compras hechas por la emergencia de COVID-19″.
El Ministerio Público señaló que «consideró oportuno adelantar el proceso investigativo, a la espera de lo que realiza el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en torno a las compras de emergencia en Copeco», aún y cuando existe una ley especial que «establece que antes de una investigación debe existir un informe del TSC.
Se trata de la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos, de 2019.
LEY NO AYUDA A COMBATIR LA CORRUPCIÓN
Sobre esa ley, el Ministerio Público recordó hoy que, en octubre de 2019, presentó un recurso de inconstitucionalidad, por considerar, entre otros aspectos, que permite «reemplazar la facultad que tiene el poder judicial de juzgar y le otorga esta facultad al TSC, frenando de esta manera atribuciones investigativas y avances en la lucha contra la corrupción».
Además, el Ministerio Público indicó que un decreto legislativo de 2019 excede los límites, al establecer, en cuanto al TSC, «para conocer exclusivamente sobre el delito de enriquecimiento ilícito, brindándole una facultad excesiva para intervenir en la calificación de otros tipos penales.
Eso, imposibilita al Ministerio Público «el ejercicio de la acción penal pública en delitos relacionados con el uso y aprovechamiento indebido de recursos públicos como la malversación de caudales públicos y otros vinculados con la corrupción de los funcionarios».
SOCIEDAD CIVIL VIGILANTE
Grupos de sociedad civil están exigiendo transparencia y rendición de cuentas en los gastos durante la emergencia por el coronavirus, no solamente en la Copeco, sino también en una empresa encargada de la compra de hospitales móviles, porque, de igual modo, se podrían estar haciendo adquisiciones sobrevaloradas.
A raíz de las denuncias contra la Copeco, el ministro de la Presidencia, Ricardo Cardona, ordenó el lunes la suspensión del administrador de ese organismo, Cristian Elías Santellí.
Además, el alto funcionario ordenó «suspender a todos los empleados que estuvieron relacionados con el envío de información a la Secretaría de Finanzas sobre lo relacionado a las compras realizadas durante la emergencia de la pandemia COVID-19».
IRREGULARIDADES EN ALCALDÍAS
Al parecer, la supuesta compra de algunos aparatos como televisores, cafeteras y otras cosas, que estaban sobrevaloradas, aún no se han hecho, según el titular del TSC, Juan José Pineda.
Otros presuntos casos de corrupción se estarían registrando en varias de las 292 alcaldías, de las 298 que tiene el país, a las que el Gobierno recién les desembolso millonarias partidas para la compra de alimentos para familias pobres y otras necesidades ante la emergencia por el coronavirus.
Según dijo hoy Juan José Pineda, al menos 9 alcaldías están siento auditadas por el TSC, a raíz de múltiples denuncias sobre presunta corrupción, como actos contrarios a la rendición de cuentas o el rechazo de un auditor interno en los Gobiernos locales.
REACCIÓN DEL PRESIDENTE
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, dijo el martes que «el servidor público y el empresario que abuse de esta emergencia, lo que le espera es la cárcel».
«No vamos a permitir que un mal nacido venga y abuse de los recursos del pueblo hondureño», recalcó el gobernante en una entrevista con un canal de la televisión local, en respuesta a las denuncias sobre supuesta corrupción en la Copeco.
El pasado día 26, representantes de Transparencia Internacional (TI) en América Latina advirtieron que la corrupción puede aumentar en la región a partir de las compras y contrataciones que realizan los Gobiernos de estas naciones para afrontar la crisis por la pandemia del coronavirus.
El planteamiento fue realizado en una conferencia de prensa virtual en la que participaron 13 representantes de los capítulos latinoamericanos de TI para llamar la atención sobre la necesidad de que las ayudas destinadas a aliviar la situación no sean desviadas «por la corrupción y el oportunismo».
