Por Henry Flores / Transparencia Activa.
El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador debe poner a disposición de las partes el expediente completo para que sea consultado durante cinco días hábiles, luego goza hasta de 15 días para señalar la audiencia preliminar y decidir si el caso pasa a la vista pública o le da sobreseimiento definitivo, que podría ser impugnado por la querella o la Fiscalía. También puede decidir archivar el caso por un año mientras se recolectan más pruebas.
Los querellantes del proceso judicial por delitos de corrupción contra el expresidente de la República, Francisco Flores, entregaron este miércoles la solicitud en el Juzgado Séptimo de Instrucción para que incluya el delito de lavado de dinero en el caso.
A juicio de los acusadores particulares, hay indicios y pruebas que sustentan la configuración del referido crimen cuando el exmandatario recibió de Taiwán más de $10 millones que debían ser entregados a los afectados por los terremotos de 2001.
Sin embargo, esos cheques que venían a nombre del exgobernante habrían ingresado en cuentas bancarias de distintos países como Costa Rica y Las Bahamas.
Las organizaciones querellantes aseguraron que la Fiscalía General de la República (FGR) también ya presentó el dictamen de acusación contra Flores, pero aún no confirmaron si incluyeron el delito de lavado de dinero. Al respecto, el fiscal general, Luis Martínez, dijo días atrás que no se sumará dicho crimen.
En el dictamen de acusación, los querellantes solicitan que Flores sea enjuiciado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y se le agregue el delito de lavado de dinero.
Aseguraron que la FGR no tiene interés en acusarlo de lavado: “El Fiscal no da una respuesta sólida de por qué no quiere investigar ese delito, nos parece una actitud bastante displicente porque sí hay elementos para hacerlo”, manifestó Abraham Ábrego, director ejecutivo de FESPAD, unas de las organizaciones querellantes.
Agregó que “desde que el expresidente deposita cheques en una cuenta de Costa Rica y van a varias cuentas y luego llegan al partido ARENA, da indicio de una operación de lavado de dinero”.
Por su parte, René Landaverde, abogado querellante de Iniciativa Social para la Democracia, explicó que “el juez puede cambiar la tipificación del delito si una de las partes lo solicita”.
Los abogados querellantes han denunciado en numerosas ocasiones que el fiscal Martínez tiene conflicto de intereses en el proceso judicial contra Flores, debido a que fue apoderado legal de éste y que incluso, actualmente, es socio de empresas de la esposa del exgobernante.
