Por Jesús Del Toro.-

La ciudad de Flint, en Michigan, está sumida en una profunda crisis por la contaminación por plomo de su sistema de agua potable, un problema que ha afectado ya considerablemente a muchos niños de la localidad y aunque poco a poco ha comenzado a ser atendido (pese a la displicencia de las autoridades y tras la declaración del estado de emergencia), requerirá mucho tiempo y recursos para poder ser contenida. Y en el ámbito de la salud, para quienes tienen altos niveles de plomo en la sangre por beber el agua contaminada, los daños serán duraderos, quizá irreversibles.
Pero hay un grupo que, si cabe, está aún más postrado ante esta emergencia. Como relató Fusion, la población de inmigrantes indocumentados de Flint se encuentra en una situación desesperada. Según testimonios recogidos por ese portal, muchos han dicho que se les ha negado el acceso a agua potable gratuita (las autoridades reparten allí cada día grandes cantidades de agua embotellada) y otros han revelado que simplemente tienen miedo de ir a solicitarla por temor a ser identificados, detenidos y deportados.
Al parecer, en estaciones de bomberos las autoridades habrían pedido una identificación oficial a las personas que reciben agua embotellada e incluso se había pedido a los solicitantes del líquido que indicaran su número de Seguro Social.
Ante ello, indocumentados simplemente se habrían ido con las manos vacías o habrían evitado acudir allí. Pero dado que se trata de una de las principales fuentes de agua potable limpia en la ciudad (muchas de las tuberías sufrieron corrosión y liberan plomo en el agua), sin ella están especialmente vulnerables. Por añadidura, se ha afirmado que por no saber inglés muchos de estos inmigrantes ni siquiera habían comprendido a cabalidad la magnitud de la crisis hasta hace pocos días.
La televisora ABC local, por ejemplo, cuenta que la indocumentada Lucía se enteró de la crisis por plomo en el agua hace unos cuatro meses y que desde entonces compra agua embotellada. Ella simplemente ya no va a los sitios de reparto gratuito de agua potable desde que allí le pidieron mostrar su licencia de conducir.
El miedo a la deportación es muy poderoso y aunque al parecer ya no se pide identificación durante la entrega del líquido, la población inmigrante desconfía, y muchos quizá no acudan más a esos centros, ni abrirán la puerta cuando la Guardia Nacional llegue a su casa a repartir el líquido, como sucede a lo largo de la ciudad. El miedo a que quien toque sea ‘la migra’, cuenta Fusion, es muy real y poderoso.
Pero ante la necesidad de evitar consumir agua potencial o efectivamente contaminada con plomo, como es el caso de la que fluye por las redes de agua potable, la comunidad indocumentada opta por recurrir a otras vías para abastecerse, a veces comprando el agua en tiendas (lo que resulta muy oneroso antes sus reducidos ingresos) o acudiendo a organizaciones sociales en las que confían.
