Managua | EFE.-
El Gobierno de Nicaragua informó este viernes que han atendido a 768 familias víctimas de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, calificado oficialmente como un «fallido intento de golpe de Estado», en base a la Ley de Atención Integral a Víctimas.
En el período del 24 de junio al 7 de agosto pasado, las autoridades visitaron 768 familias de las víctimas, y que a igual número se les brindo atención en salud mental.
A 133 personas le brindaron atención especializada en medicina interna, neurocirugía, neurología, ortopedia, oftalmología y rehabilitación y fisioterapia, entre otras, según el informe.
Además, encontraron a 67 personas con discapacidad, entre ellos personas con discapacidad fisicomotora, visual, auditiva, psicosocial e intelectual, las cuales fueron ingresadas al programa estatal «Todos con Voz» para garantizar su rehabilitación física y apoyarlos con medios auxiliares.
Durante la visita, según las autoridades, hallaron a 184 personas que dependen de los fallecidos, de ellos 98 niños que quedaron huérfanos; y 360 personas que dependen de las personas lesionadas.
Entre los atendidos, se encuentran los familiares de los 22 policías fallecidos y los 397 oficiales que resultaron lesionados, quienes han recibido atención médica especializada, apoyo escolar a los hijos, asistencia legal, apoyo económico, actividades recreativas, atención psicológica, pago de hipotecas, mejoras y construcción de vivienda, de acuerdo con la información.
A finales de mayo pasado, el Congreso nicaragüense aprobó de urgencia la Ley de Atención Integral a Víctimas.
Esa Ley, propuesta por el presidente del país, Daniel Ortega, establece la creación de un Plan de Atención Integral (PAIV) en el que el Estado proporcionará la atención y la reparación para las víctimas y sus familiares.
Entre otros servicios, la ley ofrece a las víctimas acceso a salud, educación, trabajo, vivienda, ocio y recreación.
El Estado también apoyará a las víctimas afectadas en la recuperación de sus medios de vidas, y garantizará que puedan acceder a las instalaciones deportivas, centros de recreación y todos los espacios públicos de forma gratuita.
Asimismo, las víctimas y sus familiares podrán optar a los programas de vivienda que tiene el Gobierno.
La norma ha sido criticada por diversos sectores porque no incluye el tema de justicia para las víctimas.
