Managua | EFE.-
El Reino Unido anunció este martes la imposición de sanciones a dos asesores del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a cuatro jefes policiales, entre ellos uno que es consuegro del mandatario, a los que señala como «responsables de graves violaciones de los derechos humanos y la represión» en el país centroamericano.
Los seis funcionarios afectados son los mismos a los que la Unión Europea (UE) aplicó el lunes sanciones como restricciones de viaje y congelación de activos a los que atribuyen violaciones a los derechos humanos.
La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro del Reino Unido ordenó a la banca congelar los bienes y activos del asesor de seguridad nacional de la Presidencia nicaragüense, Néstor Moncada Lau, y de la asesora especial de Ortega en temas de salud y exministra de Salud, Sonia Castro.
También al director de la Policía de Nicaragua y consuegro de Ortega, Francisco Díaz; al subdirector Ramón Avellán; al jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Luis Alberto Pérez Olivas, y al jefe de la fuerza elite policial, Justo Pastor Urbina.
ALLEGADOS AL MANDATARIO
Sobre Moncada Lau, de 66 años y allegado a Ortega, el Reino Unido lo señala de ser responsable de la toma de decisiones sobre asuntos de seguridad nacional y del establecimiento de políticas represivas contra las personas que participaron en las manifestaciones antigubernamentales desde abril de 2018 y que dejaron cientos de muertos y decenas de miles en el exilio.
A Castro, de 52 años y que era ministra de Salud cuando estallaron las protestas, la señala como responsable de obstaculizar el acceso a la asistencia médica de emergencia para civiles heridos involucrados y ordenar al personal sanitario que denunciara ante la Policía a los manifestantes que eran llevados a los hospitales.
A Díaz, de 59 años y director general de la Policía Nacional, lo responsabilizan de dirigir «las principales fuerzas policiales que cometen violencia contra civiles, incluido el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y detenciones y torturas».
A Avellán, de 65 años, le atribuyen ser el responsable de coordinar la represión de los manifestantes en la ciudad de Masaya, 28 kilómetros al sureste de Managua, y unas de las que opuso mayor resistencia al Gobierno de Ortega durante las protestas.
JEFES POLICIALES «REPRESIVOS»
A Urbina, de 64 años y jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP), lo señala de estar «directamente involucrado en la implementación de políticas represivas contra los manifestantes y la oposición en Nicaragua, particularmente en Managua».
En el caso de Pérez Olivas, de 63 años y oficial principal de auxilio judicial en el centro penitenciario El Chipote, le atribuye responsabilidad de torturas, uso de fuerza extensiva, maltrato de detenidos, y otras formas de trato degradante.
De esa forma el Reino Unido se suma a las sanciones impuestas por la UE contra los dos asesores de Ortega y cuatro jefes policiales, a quienes se les ha congelado sus activos en Europa y ya no podrán viajar a ese territorio comunitario, al ser señalados de «serias violaciones de derechos humanos».
