El partido salvadoreño presenta una propuesta de ley para la búsqueda de desaparecidos

San Salvador | EFE.-

El partido opositor salvadoreño Alianza Republicana Nacionalista (Arena) presentó este martes una propuesta de ley para la búsqueda de las personas desaparecidas.

El diputado de Arena y jefe de su grupo parlamentario, René Portillo Cuadra, señaló en declaraciones a la prensa que la iniciativa incluye la «activación de protocolos especiales de acción para búsqueda de personas desaparecidas».

«Es conocido por todo el pueblo salvadoreño que no existe una ley que regule este tema» y añadió que a pesar del régimen de excepción vigente en el país desde finales de marzo, se siguen registrando desapariciones.

Rodrigo Ávila, también diputado de Arena, indicó que la propuesta da prioridad a la búsqueda de niños y personas en situación de «vulnerabilidad».

Este legislador agregó que la legislación «elevaría al rango de orden público» la búsqueda de estas personas, además de establecer que el delito de desaparición es «pluriofensivo».

Al cierre del 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) registró 832 casos de desapariciones, de las que 359 quedaron pendientes de determinar la situación de las personas y 16 se localizaron muertas.

A mediados de mayo, representantes y familiares de personas desaparecidas denunciaron la paralización de las investigaciones por parte de la Fiscalía y Policía, que estarían dando prioridad a las capturas masivas bajo el régimen de excepción vigente desde finales de marzo.

Eneyda Abarca, madre del joven Carlos Ernesto Santos que desapareció la mañana del 1 de enero pasado, denunció que su proceso de investigación en la Fiscalía General de la República se ha paralizado.

Detalló que en la última visita que realizó al Ministerio Público para conocer el avance en la Unidad Antipandillas le dijeron que «la prioridad era el régimen».

Una ola de violencia se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo, además colocó el día 26 como el más violento del siglo en El Salvador con 62 homicidios.

La Asamblea Legislativa, a petición del presidente Nayib Bukele, dio poderes especiales al Gobierno con la suspensión de garantías constitucionales, medida que se extendió ya en tres ocasiones y ha dejado unas 42.000 detenciones y más de 3.000 denuncias de violaciones a derechos humanos.

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