El Paisnal (El Salvador), EFE.-
El padre salvadoreño Rutilio Grande y dos laicos llegaron a los altares de la Iglesia católica en enero pasado, pero su asesinato a manos de escuadrones de la muerte en 1977 sigue en la impunidad a pesar de que transcurrieron 45 años del crimen y sus feligreses continúan pidiendo Justicia.
El asesinato de Grande y sus compañeros se dio a las puertas de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), que en 12 años de conflicto interno se saldó con 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
Unos 3.000 pobladores y feligreses llegaron este sábado hasta la localidad de El Paisnal, a 43,2 kilómetros de San Salvador, para conmemorar el «martirio» del padre Grande, y los laicos Nelson Lemus y Manuel Solórzano.
Visitaron el sitio en el que fue ametrallado el vehículo en el que se transportaban los ahora beatos, conocido como las Tres Cruces, para después peregrinar al pueblo y realizar una misa en su honor.
El rostro de Grande se multiplicó en camisas y pancartas de los asistentes, quienes se mostraron alegres al recordar a su beato.
También recordaron que la Iglesia salvadoreña «fue violentamente perseguida» antes y durante la guerra.
Para Alexander Torres, uno de los organizadores de la conmemoración, la concentración «ha sido la muestra de la fe de la comunidad del padre Grande, que luego de 45 años (del asesinato) no ha podido ser callada».
Los feligreses también recordaron el legado de Rutilio Grande, apreciado por su defensa a los pobres de El Salvador y cercano a san Óscar Arnulfo Romero, también asesinado en 1980 por un francotirador de un escuadrón de extrema derecha.
El padre Grande se dirigía a El Paisnal, su lugar de nacimiento y donde vivía, a celebrar un acto religioso cuando fue asesinado.
«Casi a la mitad del camino lo estaban esperando unos hombres fuertemente armados y apostados a ambos lados. Cuando el vehículo en el que se conducían llegó a la altura del cantón Los Mangos los asesinos abrieron fuego causándoles la muerte», describe un libro biográfico distribuido por la Iglesia salvadoreña.
Romero fue consagrado arzobispo de San Salvador en febrero de 1977 y tres semanas después fue asesinado Grande. La muerte de Romero llevó al inicio de una larga cadena de denuncias de graves violaciones de los derechos e injusticias sociales hasta que Grande fue asesinado.
EL CASO QUE NO LLEGA A LOS TRIBUNALES
Tras el final de la guerra civil, decenas de crímenes de guerra y lesa humanidad fueron rechazados por el sistema judicial salvadoreño por la promulgación de una ley de amnistía en 1993 y fue hasta 2016 que un fallo del Supremo anuló esta normativa.
Esta resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia permitió la reapertura de varios casos, incluida la causa de Romero, la masacre de unos 1.000 civiles en El Mozote (1981) y la matanza de seis padres jesuitas (1989).
El fiscal general, Rodolfo Delgado, afirmó en enero ante una comisión del Congreso que supuestamente investiga 213 casos de violaciones a derechos humanos, de los que apenas 21 se encuentran «judicializados».
Se desconoce si la Fiscalía salvadoreña investiga el asesinato de Rutilio Grande y sus compañeros.
Torres dijo a Efe que «el Estado salvadoreño tiene una gran deuda con las comunidades, no solamente por el asesinato y martirio del padre Grande», sino por cientos de pobladores de la zona norte del país asesinados.
«Fueron perseguidos los catequistas, los laicos por haber sido parte de esa organización eclesial de base que el padre Grande construyó y sembró», sostuvo Torres.
Indicó que las comunidades de El Paisnal «estamos esperando la pronta justicia» por estos crímenes cometidos por las fuerzas estatales.
Llamó a la Iglesia a sumarse a las comunidades para «exigir Justicia» y que se esclarezcan los crímenes de guerra.
La organización humanitaria Tutela Legal «María Julia Hernández» señaló que los autores de estos asesinatos «continúan protegidos por el Estado», que a su juicio se empeña en «tergiversar la historia, revictimizar, ocultar la verdad y negar justicia».
Con estas acciones, apuntó Tutela Legal, el Estado está «convirtiéndose en cómplice y perpetuando la impunidad».
A pesar de llegar a los tribunales, las causas penales se han visto frenadas por recursos de la defensa de los militares implicados y diversas sentencias de la Corte Suprema.
El Vaticano declaró que el italiano Cosme Spessotto, Romero y Grande fueron asesinados por «odio a la fe» y son recordados por su defensa hacia los pobres salvadoreños.
