El Salvador investiga la autoría intelectual de la masacre de los jesuitas hace 32 años

San Salvador | EFE.-

La Justicia de El Salvador investigará la autoría intelectual de la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres tras 32 años, luego de que una corte ordenara este viernes que la causa contra el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y 10 personas más pase a instrucción.

La apertura de esta etapa, en la que se realizará un investigación judicial, es el paso previo para que el caso pueda llegar a juicio.

Este proceso contra los supuestos autores intelectuales se venía posponiendo desde el año 2000, cuando un tribunal dictó el sobreseimiento de la causa en favor de 6 militares y el expresidente Cristiani por la existencia de una ley de amnistía.

ORDEN DE CAPTURA CONTRA CRISTIANI

El juez José Campos, titular del Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, resolvió que 11 de los acusados enfrenten la etapa de instrucción, mientras dictó el sobreseimiento del proceso a favor de dos militares fallecidos.

El juzgador ordenó la detención del expresidente Cristiani, con paradero desconocido, y del coronel retirado Inocente Montano por no presentarse y no nombrar defensores.

En el caso de Montano, este se encuentra en España, donde fue condenado a 133 años de prisión por la Audiencia Nacional por esta misma masacre.

Cristiani llegó al poder en 1989 con la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y es conocido como «el presidente de la paz» por firmar el final de la guerra civil (1980-1992).

Mediante un comunicado, divulgado en redes sociales por una de sus hijas, el también empresario se desvinculó de los planes para ejecutar a los jesuitas, entre ellos el español Ignacio Ellacuria.

«La verdad es que nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos. Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos», sostuvo Cristiani.

El expresidente afirma que es víctima de «acoso político» por el fiscal general, Rodolfo Delgado, a quien tilda de ser «impuesto» por el Gobierno de Nayib Bukele.

Cristiani se convirtió así en el quinto presidente de la historia reciente de El Salvador con orden de captura, antes que él fueron Francisco Flores (1999-2004), Elías Antonio Saca (2004-2009), Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), por estar vinculados a actos de corrupción.

DELITOS DE LESA HUMANIDAD

Inicialmente eran 13 los procesados, pero la corte ordenó el sobreseimiento por muerte para Francisco Elena Fuentes y René Emilio Ponce, este último era la cabeza principal del Ejército.

El referido juez ordenó también la detención del exdiputado Rodolfo Parker, y para los militares Nelson Iván López, Joaquín Cerna y Óscar León.

Para el general Rafael Bustillo, Camilo Hernández, Rafael Larios, Juan Orlando Zepeda y Manuel Rivas se decreto la libertad condicional.

Estas personas enfrentan cargos de asesinato, comisión por omisión de asesinato, actos de terrorismo, proposición para actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento.

La defensa de los militares solicitó que los cargos de fraude y encubrimiento fueran desechados por no considerarse delitos de lesa humanidad, pero el juzgador los elevó a esa categoría al señalar la «conexión» que tienen con los asesinatos.

EL GENERAL SE DESVINCULA

Bustillo y Hernández fueron los únicos procesados que acudieron a la audiencia inicial y divulgación del fallo, donde el primero se desvinculó y señaló que no participó en una reunión en la que se dio la orden de asesinar a Ellacuría «sin dejar testigos».

El informe de la Comisión de la Verdad de 1993 relata que antes de la masacre se reunió el lato mando del ejército, cita en la que Ponce ordenó eliminar a líderes de la insurgencia y sindicalistas.

Tras esa reunión, se dio otra en la que supuestamente estuvieron Bustillo, Ponce, Fuentes y Montano, y fue donde se habría ordenado la matanza de los jesuitas.

«No estuve yo allí, porque yo había partido para la Fuerza Aérea. Yo me retiré de la primera reunión a las 8 y 10 minutos (de la noche) y no volví a regresar», dijo a la prensa Bustillo y agregó «¿cómo diablos iba yo a saber?».

INVESTIGACIÓN TRES DÉCADAS DESPUÉS

Este proceso se demoró más de tres décadas a raíz de una ley de amnistía de 1993, que fue anulada en 2016, y un fallo de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba su cierre.

En 2017, por petición de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), una corte ordenó su reapertura, pero este se retraso por diversos recursos presentados por la defensa.

El último fue uno de casación que dos jueces suplentes de la Sala de lo Penal del Supremo respaldaron y ordenaron el cierre de la causa, pero la Sala de lo Constitucional revirtió dicha decisión al declararla incostitucional.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña, un comando de soldados de elite mató a los religiosos y a dos mujeres en el campus de la UCA.

Las víctimas son los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.

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