Caracas | EFE.-
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) rechazó este jueves la Ley Renacer (Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua), promulgada por Estados Unidos, y la calificó como una «acción injerencista».
«El ALBA-TCP reafirma su rechazo a todas las medidas coercitivas unilaterales violatorias del derecho internacional en contra de los Estados soberanos que afectan su capacidad de respuesta ante las amenazas y desafíos contemporáneos», dijo la ALBA en un comunicado publicado en Twitter por su secretario ejecutivo, Sacha Llorenti.
Este miércoles, el presidente de EE.UU., Joe Biden, firmó esta ley que busca presionar al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, con más sanciones, y permite que se revise un tratado de libre comercio con el país centroamericano.
La legislación, aprobada en el Congreso estadounidense con el apoyo de demócratas y republicanos, urge al Gobierno de Biden a examinar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA, en inglés) y, además, pide aumentar sanciones contra funcionarios del Gobierno de Ortega.
El texto también insta a Biden a expandir la cooperación con Canadá y con la Unión Europea (UE) en la política hacia el país centroamericano, y a ampliar la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua.
La ALBA apoyó el llamado de la ONU que insta a todos los Estados a cesar la aplicación de «medidas unilaterales contrarias al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, a la carta de las Naciones Unidas y las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados».
Ortega se impuso el domingo en unas elecciones en las que no participaron sus rivales políticos porque, en los meses anteriores, las autoridades disolvieron tres partidos políticos y arrestaron a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales.
Posteriormente, EE.UU. promulgó la Ley Renacer que se suma a otro proyecto de ley, aprobado en 2018 por el Congreso, conocido como Nica Act, que ordena a funcionarios estadounidenses de las instituciones multilaterales de crédito usar su influencia para detener la financiación a los organismos estatales nicaragüenses.
Este tipo de sanciones de EE.UU. han dificultado que Nicaragua, uno de los países más pobres de América Latina, salga de la depresión económica que atraviesa desde las protestas de 2018, que perjudicaron las inversiones nacionales y extranjeras y provocaron el colapso del turismo.
