La familia de la hondureña Berta Cáceres, insatisfecha con la sentencia por su crimen

Tegucigalpa | EFE.-

La condena dictada este lunes contra el hondureño Roberto David Castillo por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, en marzo de 2016, es una «pequeña victoria», pero «no satisface» a su familia, por lo que el Estado de Honduras sigue en deuda.

«La sentencia a David Castillo no satisface la exigencia de justicia del pueblo lenca. El Estado de Honduras se mantiene en deuda», dijo Bertha Zúñiga, hija de la líder ecologista.

Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), fue condenado en julio de 2021 como «coautor intelectual» del asesinato de la ambientalista de la etnia lenca y hoy fue condenado a 22 años y seis meses de prisión.

La sentencia fue leída por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en presencia de la parte acusadora (el Ministerio Público), familiares de Cáceres encabezados por Zúñiga, miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del que la ambientalista era su coordinadora, y defensores de derechos humanos, entre otros.

Según el Ministerio Público de Honduras, Castillo “concertó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena lenca”.

Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía.

La ambientalista, cofundadora del Copinh en 1993, se enfrentó a DESA por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades lencas.

CONDENAR A AUTORES INTELECTUALES DEL CRIMEN

La condena contra Castillo se conoce casi un año después de ser declarado culpable y tras cuatro postergaciones «injustificadas» de parte del Tribunal de Sentencia, señaló.

«Habrá justicia completa cuando hayan capturado, enjuiciado y condenado a los autores intelectuales del crimen», subrayó el Copinh en un comunicado leído por Zúñiga, quien encabezó un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa.

Agregó que el Ministerio Púbico de Honduras no tiene «ningún avance real para esclarecer la autoría intelectual» en el asesinato de Cáceres, quien en 2015 ganó el Premio Goldman por liderar una campaña contra la represa Agua Zarca, a cargo de la más grande constructora de plantas hidroeléctricas.

«La justicia hondureña falta y calla una vez en dar justicia a las víctimas, ni siquiera fue capaz de emitir la condena máxima en contra de uno de sus asesinos», precisó el Copinh.

La organización lenca y la familia de Cáceres indicaron que han realizado propuestas concretas para avanzar hacia la «justicia integral» para la ambientalista, para garantizar «los derechos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición».

PEQUEÑA VICTORIA

La sentencia contra Castillo, un militar hondureño, es «una pequeña victoria», dijo Víctor Fernández, uno de los abogados de la familia de Cáceres, quien a finales de mayo fue declarada “Heroína Nacional” por el Parlamento.

“Lo que hoy pasó hay que reivindicarlo como una victoria del Copinh y el pueblo lenca”, subrayó Fernández, quien destacó que la condena no significa que el sistema de justicia de Honduras “es bueno, sino que la demanda de justicia les ha hecho reconocer que los grandes personajes son auténticos criminales”.

Agregó que “es admisible que con tantas resoluciones judiciales y administrativas que retratan la corrupción, el asesinato y todos los crímenes en este caso, el Estado mantenga vigente la concesión del Gualcarque”, y pidió la revocación de ese proyecto.

Un tribunal de Honduras condenó en 2019 a cuatro de ocho acusados a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.

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