Quito | EFE.-
La Fiscalía General de Ecuador descartó este miércoles tramitar una denuncia sobre la supuesta financiación ilegal del Gobierno de Venezuela de una fundación de pensamiento político vinculada al expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017).
La Fiscalía, en un comunicado oficial, aseguró que los hechos relatados en la denuncia presentada esta misma mañana por el Secretario Anticorrupción del Gobierno ecuatoriano, Iván Granda, «no configuran indicios» de una conducta «antijurídica».
Además, sostuvo que el Ministerio Público «no apertura investigaciones previas de forma irresponsable» y que si la financiación supuestamente ilegal surgió desde Venezuela, debería ser la justicia de ese país la que debería investigarlo.
Sobre la presunta financiación del Gobierno venezolano al Instituto de Pensamiento Político y Económico «Eloy Alfaro» de Ecuador, la Fiscalía remarcó que los hechos puestos en su conocimiento «no configuran indicios de la presencia de una conducta típica y antijurídica en el país».
Además, recordó que sólo las «conductas que se encuentren amparadas por la Ley Penal del Ecuador serán susceptibles de ser perseguidas y castigadas».
«En el presente caso, los hechos descritos no configuran un indicio del cometimiento de un delito, mucho menos una conducta penalmente perseguible» ya que, en caso de tratarse de una figura de malversación de fondos públicos, la Fiscalía de Ecuador «carecería de jurisdicción y competencia para intervenir», añadió.
Asimismo, dijo que, «al haber analizado la documentación ingresada el día de hoy, concluye que la misma no representa una noticia criminis con la cual se pueda iniciar una investigación penal previa».
Las investigaciones penales se dan siempre que existan «indicios del cometimiento de una potencial acción penalmente relevante y, de no existir estos elementos», la Fiscalía «no apertura investigaciones previas de forma irresponsable», agregó en el texto oficial.
Esta mañana, el secretario Anticorrupción solicitó a la fiscal general en funciones, Ruth Palacios, la apertura de una indagación preliminar de este caso, que lo hizo público recientemente el actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno.
El pasado viernes, durante una cumbre en Santiago de Chile en la que se presentaba la nueva organización Prosur, Moreno anunció que «existen intentos desestabilizadores» contra su administración presuntamente liderados por Correa y el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Según la Presidencia de Ecuador, el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandes, transfirió 281.000 dólares al Instituto de Pensamiento Político y Económico «Eloy Alfaro» para «alimentar cuentas personales de exfuncionarios».
«Este Instituto hizo transferencias a cuentas de Rafael Correa por un total de 96.200 dólares y a sus excolaboradores, de entre 34.000 y 6.000 dólares», precisó.
Moreno llegó al poder en mayo de 2017 de la mano de Correa pero, a menos de dos meses de haber asumido la Presidencia, se produjo una ruptura entre ambos que ahora se han convertido en enemigos políticos acérrimos.
Correa, que reside en Bélgica, ha rechazado las muchas denuncias de supuestas corrupción, pero también ha evadido una orden de prisión preventiva en un juicio por el supuesto secuestro a un político opositor en 2012.
El exmandatario, que defiende su inocencia en ese caso, asegura que las denuncias en su contra forman parte de una aparente persecución política de sus adversarios.
