Montevideo, (IICA).-
Ministros de Agricultura y altos funcionarios del área de 13 naciones de la región advirtieron que es imperativo eliminar los obstáculos al comercio de productos agroalimentarios.
Con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria del continente y del mundo, países de América Latina y el Caribe respaldaron el proceso tendiente a profundizar la integración regional a través del establecimiento de reglas de juego comunes para el comercio agroalimentario, proceso que motorizan la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
En una reunión de alto nivel celebrada en Montevideo de manera híbrida –presencial y virtual-, ministros de Agricultura y altos funcionarios del área de 13 naciones de la región advirtieron que es imperativo eliminar los obstáculos al comercio de productos agroalimentarios.
La necesidad de favorecer una mayor fluidez del comercio se hace más urgente debido al actual contexto de crisis, marcada por un aumento global de precios por los efectos duraderos de la pandemia de Covid-19 y el conflicto bélico en Europa del Este.
América Latina y el Caribe tiene un enorme desafío de carácter regulatorio, que es trabajar en la convergencia de políticas macroeconómicas, laborales y tributarias de los distintos países, cuyas diferencias han condicionado el proceso integrador.
Así lo advirtió el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay, Fernando Mattos, quien consideró: “Desde el punto de la agricultura, se trata de potenciar una de las regiones de mayor capacidad productiva, para atender los problemas de seguridad alimentaria que están creciendo en el mundo”.
Mattos dijo que hoy se advierte una tendencia creciente al proteccionismo en el comercio agrícola global, que profundiza la inseguridad alimentaria y resulta un factor de inestabilidad social y política en muchas partes del mundo.
En el encuentro se subrayó que la región es la mayor exportadora neta de alimentos del mundo. Sin embargo, apenas el 14% de esas exportaciones se destinan al comercio intrarregional. En ese sentido, las autoridades participantes coincidieron en la importancia de avanzar hacia la convergencia regulatoria en temas comerciales, para facilitar el intercambio de alimentos e insumos agrícolas entre los países latinoamericanos y caribeños.
La importancia del consenso alcanzado a favor de la convergencia regulatoria está marcada por el hecho de que la ALADI es el mayor organismo regional que fomenta la integración comercial y está compuesta por trece países -Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela-, que en su conjunto contribuyen con el 93% de las exportaciones alimentarias de la región.
Además de ser actores decisivos de la seguridad alimentaria mundial, estos países son dueños de extraordinarios recursos naturales, que incluyen buena parte de las reservas planetarias de biomasa forestal, biodiversidad y agua dulce.
El desafío de la armonización de normas
Otra de las voces que enfatizó que es necesario trabajar en la convergencia regulatoria de los sistemas de los distintos países latinoamericanos para agilizar el comercio y ampliar la disponibilidad de alimentos en los mercados internos fue la del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Juan José Bahillo.
Bahillo opinó, además, que en materia de regulaciones ambientales impuestas por países europeos, las naciones latinoamericanas deben “pararse con autoridad”.
“Somos los que menos hemos contribuido al cambio climático y no tenemos que hacernos cargo del pasivo ambiental de otras regiones del mundo”, afirmó.
Jean Marcelo Fernandes, secretario de Comercio y Relaciones Internacionales del ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, dijo que la hoja de ruta que se pretende trazar hacia la armonización de normas comerciales en materia de alimentos es una iniciativa que fortalece a la región y que cuenta con “el total apoyo” de su país.
“Queremos estimular la entrada a Brasil de productos agropecuarios de otros países, como vinos chilenos o carnes argentinas y uruguayas, que son muy apreciados. Y estamos convencidos de que la convergencia regulatoria es decisiva”, explicó.
El Ministerio de Agricultura de Colombia fue otro de los que apoyó el proceso a través de Rafael Echeverri, quien enfatizó que “como siempre dice el IICA, es fundamental que los países latinoamericanos profundicemos el desarrollo de la bioeconomía”.
Evitar restricciones innecesarias
El Secretario General de la ALADI, Sergio Abreu, manifestó que la convergencia regulatoria en el sector agroalimentario es clave para la seguridad alimentaria global y abrirá mayores oportunidades para la incorporación a los mercados internacionales de pequeños y medianos agricultores latinoamericanos.
“Es un trabajo que debemos abordar. A través de diálogos entre gobiernos y organismos internacionales, que incluyan al sector privado, necesitamos elaborar una hoja de ruta para hacer más fluido el comercio. Es clave para el futuro de nuestra competitividad y la inserción externa de los productos agrícolas, que son la base de nuestras economías”.
En nombre del IICA, su Director General, Manuel Otero, hizo un llamado a la acción colectiva para transformar las amenazas en oportunidades.
“Estamos convencidos que el fortalecimiento del comercio intrarregional es la mejor manera de disminuir los riesgos de shocks en otros mercados y contribuirá al desarrollo de nuestros países”, dijo Otero.
“Hoy estamos en un contexto muy difícil, debido al encarecimiento de los costos logísticos y de productos esenciales para nuestra producción, como son los fertilizantes químicos. Por eso el proceso integrador debe apuntar a una mayor complementariedad entre los países. Podemos generar los insumos para la producción agropecuaria en la propia región”, afirmó.
El Director General del IICA se refirió también a lo que llamó “nuevas modalidades de proteccionismo, con medidas de carácter técnico y ambiental” y, en ese sentido, consideró que los países latinoamericanos deben generar información propia con base científica, para determinar cuál es aporte real de sus sistemas de producción agrícola a las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
“Somos países productores, vulnerables al cambio climático, y nadie más interesado que nosotros en generar sostenibilidad en nuestros procesos. Los argumentos de quienes pretenden responsabilizarnos del cambio climático no tienen bases científicas sólidas. No somos los mayores responsables del problema”, finalizó Otero.
